Educación inclusiva… ¿excluyente?

Paola González-Rubio

Directora de Activación en Mexicanos Primero

El término “incluyente” es uno de esos que mucho se usa, pero posiblemente poco se reflexione sobre lo que realmente implica. Me refiero, en este caso, al uso de este calificativo en el sector educativo: “educación incluyente”. ¿Qué significa la educación incluyente? ¿A quiénes estamos incluyendo y en qué? ¿Cómo se traduce una educación incluyente en políticas públicas educativas que se puedan implementar?

El Ejecutivo Federal mexicano, presentó una propuesta de reforma al artículo 3º constitucional donde afirma que “el Estado aplicará una política educativa incluyente”, lo que presenta una gran oportunidad para por primera vez establecer la inclusión como parte de la garantía del derecho a la educación. Sin embargo, esta visión de inclusión es excluyente: su texto hace referencia a “la diversidad cultural y étnica” así como “las desigualdades sociales, de género y regionales”, dejando fuera a niñas, niños y jóvenes (NNJ) excluidos por otras razones, por ejemplo, aquellos con alguna discapacidad que ven violentado su derecho a aprender.

En 2017 Mexicanos Primero presentó el estudio Tod@s, en el que constatamos que el sistema educativo mexicano le falla a millones de personas en el país -no sólo a indígenas o a aquellos en situación de pobreza- e identificamos aprendizajes fundamentales para entender sus experiencias de exclusión y empezar a transformar nuestro sistema educativo hacia uno cada vez más incluyente.

Primero, la estrategia de inclusión actual consiste, principalmente, en integrar a las personas “diferentes” a lo “regular”, sin comprender que la interculturalidad es derecho de todos, no sólo de las NNJ indígenas. La educación intercultural debe formar parte de las experiencias educativas de cada NNJ, si realmente queremos apostar por la inclusión.

Segundo, el sistema de apoyo actual es regresivo: da mucho menos a quienes menos tienen y están en contextos en los que tanta complejidad exige un acompañamiento y apoyo de mayor magnitud. Tampoco existen incentivos para que las y los maestros se queden en las comunidades más alejadas y marginadas, lo que impacta en el proceso de aprendizaje de las NNJ en las mismas.

Tercero, escuchamos a directores, maestras y maestros compartir que su formación no ha sido para la inclusión; se enfrentan a retos y obstáculos todos los días que va más allá de sus capacidades. La visión de quien está frente a una comunidad escolar es clave para promover ambientes de aprendizaje incluyente, pero sin opciones de formación en este sentido difícilmente construirán esta visión o tendrán las capacidades para lograrlos.

Concluimos que sin una transformación radical del sistema educativo, desde las oportunidades de desarrollo en la primera infancia, la formación de los docentes y directivos y la participación de las familias, hasta el currículum, la infraestructura y el gasto educativo, el origen seguirá determinando el destino ya que existen cadenas de exclusión que perpetúan las desigualdades en el aprendizaje.

Estos hallazgos hablan de la necesidad de pensar a profundidad en lo que significa “aplicar” una política educativa incluyente. Una política realmente incluyente exige transformar nuestro sistema educativo para que responda a la diversidad de cada persona. Así, mas que –como hace la iniciativa del Presidente- alargar la lista de grupos marginados – indígenas, mujeres, situación de pobreza, con discapacidad, en situación de calle, migrantes, con aptitudes sobresalientes, etc…- debemos tomar esta oportunidad de ampliar el concepto en sí.

La diversidad real significa ver y reconocer la experiencia vivida de las personas, no sólo representarlas en categorías arbitrarias que fragmentan su identidad. Ver a las personas significa responder a sus necesidades e intereses de manera íntegra, lo cual es fundamental para su inclusión.

Hacemos un llamado a nuestros legisladores, quienes actualmente discuten en comisiones la iniciativa de reforma al artículo 3º, a fortalecer la concepción de la inclusión desde el marco normativo y así impulsar la transformación del sistema educativo mexicano. Es una oportunidad histórica para tomar una decisión que beneficiará a tod@s.