13/05/2015

[ESTUDIO] La Participación e Influencia de Niños, Niñas y Adolescentes en Políticas Públicas en Chile

El trabajo, de la serie "reflexiones: infancia y adolescencia" (UNICEF) propone un marco de protección integral de la niñez y la adolescencia, todo en el contexto de que Chile es el único país de América Latina que no cuenta con un marco institucional que reconozca integralmente a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como sujetos de derecho.

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En marzo de 2014, en Chile asumió una nueva administración para el periodo 2014-2018, cuyo programa de gobierno fue explícito en el compromiso de reformar y generar un acuerdo de gobernanza a través de una nueva Constitución, a la vez que propuso una nueva institucionalidad para la protección integral de los derechos de los NNA (menores de 18 años).

Para ello, se plantea dentro de la Reforma Constitucional –uno de los tres pilares del programa– la consideración de los derechos de los NNA, así como el derecho a la participación social y política. Para estos efectos, en 2014 se creó el Consejo Nacional de la Infancia, organismo que tiene la responsabilidad de elaborar la Ley de Garantías y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y el Código de Infancia. Así también, el programa de gobierno señala que se fortalecerá la participación social y la capacidad de incidencia de los NNA en el ámbito comunal, barrial y en otros contextos. Estas prioridades gubernamentales se suman a las acciones y propuestas que organizaciones de la sociedad civil, UNICEF y otros organismos internacionales, parlamentarios y organizaciones de NNA han planteado histórica y recientemente. De este modo, existe un contexto favorable para proponer enfoques, medidas y políticas que aporten al cumplimiento de los compromisos asumidos en favor de los derechos de los NNA y en cuyo proceso sean protagonistas activos.

A casi 24 años de ratificada la CDN, Chile es el único país en América Latina que no cuenta con un marco institucional que integralmente reconozca a los NNA como sujetos de derechos. En efecto, no existe un reconocimiento constitucional, una ley de protección integral, un código de la infancia, un ente defensor y una institución con prestancia y mandato para coordinar las iniciativas públicas hacia la infancia y adolescencia en una perspectiva de derechos.

A esta falta de transformación de la institucionalidad, se suma la vigencia de una cultura autoritaria y “adultocéntrica” que se resiste a abrir espacios para la expresión y escucha de la opinión de los NNA en sus espacios cotidianos y en todos los niveles de las entidades del Estado que actúan con los NNA, así como frente a los desafíos del desarrollo que enfrenta el país y que les afectan.

No obstante, esta falta de proactividad por parte del Estado para garantizar la participación e influencia en políticas públicas de NNA, no se condice con el compromiso de estos para enfrentar los problemas que les atañen. Los NNA, especialmente las y los adolescentes, han participado repetidamente a nivel comunal, regional y nacional, en especial en los temas relacionados a la reforma de educación. Su objetivo ha sido incidir y asegurar que sus perspectivas se vean reflejadas en las leyes y programas que les afectan. Al mismo tiempo, Chile ha obtenido buenos resultados relativos en el contexto regional en la aplicación de una prueba internacional sobre contenidos y actitudes relativas a la promoción de la ciudadanía.

La oferta pública de mecanismos institucionales regulares para la participación e influencia de NNA en políticas públicas es incipiente y sectorial. La estrategia involucra desde la sensibilización de actores claves para la validación de este tipo de instancias con el objetivo de que los NNA puedan incidir en los temas que los afectan, la institucionalización vía instrumentos normativos (decretos, ordenanzas, etc.), hasta una variedad de experiencias que se han promovido a nivel local desde el ámbito municipal, educacional y desde el SENAME con las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) en convenio con, Municipalidades y los Programas de Prevención Comunitaria (PPC) junto a las organizaciones de la sociedad civil. Ello, además de los Consejos Escolares y Centros de Alumnos/as, establecidos en la Ley General de Educación y el Consejo Consultivo de adolescentes y jóvenes en Salud del Ministerio de Salud (MINSAL).

A pesar de las limitaciones señaladas, y a la luz de las experiencias exitosas que exhiben varios países que han implementado mecanismos consultivos y de los indicadores propuestos por los organismos internacionales especializados, es posible afirmar que las acciones implementadas han ido fundando experiencia, logrando extraer lecciones aprendidas e identificando desafíos para orientar los cambios que se esperan llevar a cabo en este nuevo ciclo gubernamental.

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